Hay cada vez mayor consenso de cambiar la distribución del canon, para lo cual se requiere con urgencia una modificación legislativa.

La Minería está retomando en algo su rumbo. La adjudicación de Michiquillay a Southern ha sido una importante señal para el público inversionista. Las actividades exploratorias están creciendo y, en general se registra un incremento en la inversión minera, entre otros gracias a una mejora en los precios internacionales de los minerales.

Sin embargo, la conflictividad social sigue latente y representa una permanente amenaza para los proyectos mineros. Al respecto, tanto los inversionistas como el Gobierno deben tener un mayor acercamiento a las comunidades y velar que se cumplan las obligaciones y compromisos. Hay regiones donde se ha aprovechado el mineral, pero no se ha generado desarrollo; hace falta crear sinergias entre el sector público y el sector privado para cerrar brechas sociales.

En este contexto, hay cada vez mayor consenso de cambiar la distribución del canon, para que no llegue tan solo al área de influencia del proyecto, sino pueda atender necesidades en poblaciones más alejadas. La pregunta es cómo resolver el desafío de que este canon termine generando mayor bienestar, en general en la región y, en especial, en los lugares de donde provienen los minerales. ¿En qué sentido se debe modificar la ley del canon?